La Oficina Nacional de Defensa Pública alertó este martes que las prácticas de la Policía Nacional están debilitando el Estado de derecho en la República Dominicana, al señalar que los supuestos “intercambios de disparos” se han convertido en un patrón de violencia con saldo alarmante de víctimas mortales.
De acuerdo con los anuarios de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en los últimos cinco años se registraron casi 800 muertes atribuidas a acciones policiales o militares. Las cifras muestran un aumento sostenido: 77 en 2021, 139 en 2022, 178 en 2023, 227 en 2024 y 170 hasta septiembre de 2025. Aunque los datos de este año reflejan una reducción de un 25 % respecto al 2024, el acumulado es superior al del mismo período del año pasado.
Las provincias con mayor número de casos son Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, Espaillat y Duarte, los principales polos urbanos del país, donde más debería garantizarse el respeto a la legalidad.
Derechos fundamentales y responsabilidad del Estado
El director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, recordó que el Estado tiene la obligación de salvaguardar los derechos fundamentales, entre ellos el artículo 37 de la Constitución, que reconoce la inviolabilidad de la vida, y el artículo 69, que garantiza el debido proceso y la defensa. Estos principios también están respaldados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Cuando un agente mata a un ciudadano y lo justifica como un intercambio de disparos sin una investigación imparcial, no solo se viola la presunción de inocencia, también se incurre en responsabilidad internacional”, advirtió Valentín Santos, citando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1988).
El funcionario reconoció que existen policías comprometidos con la ley, pero señaló que las llamadas “manzanas podridas” representan un problema estructural de formación y control interno.
Llamado a una reforma profunda
El caso más reciente que conmocionó al país fue el asesinato de cinco jóvenes en Santiago, en septiembre de 2025, que desató protestas y obligó a la suspensión de los agentes involucrados. “La pregunta es cuántos casos más no llegan a los titulares ni a los tribunales”, cuestionó el director.
Valentín Santos propuso una política integral que contemple: investigaciones independientes en cada caso de uso excesivo de la fuerza, formación policial en derechos humanos y resolución de conflictos, mecanismos de control civil y transparencia en estadísticas, y la promoción de valores de empatía y humanidad en los cuerpos de seguridad.
“Este no es un asunto de antisociales ni de limpieza social, es un asunto de dignidad humana”, subrayó. Añadió que la voz de la Defensa Pública es un llamado de auxilio, no de confrontación, y exhortó a que la Policía cumpla con su misión legal de proteger la vida y la seguridad de las personas, conforme establece la Ley Orgánica 590-16.
