La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el próximo 15 de diciembre el conocimiento del juicio preliminar seguido contra el exdirector del Intrant, Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros ocho imputados en la denominada Operación Camaleón.
La magistrada adoptó la decisión tras acoger de manera parcial una solicitud de extensión de plazo presentada por la defensa de Beras, encabezada por los abogados Laura Acosta, Luis Rivas y Nassef Perdomo, entre otros.
“Este tribunal acoge parcialmente el pedimento de extensión de plazo presentado por la defensa de los imputados, otorgando una prórroga de 20 días hábiles en aplicación del artículo 299 del Código Procesal Penal”, expresó la jueza durante la audiencia.
Razones del aplazamiento
Rivas explicó que, aunque el expediente no es tan voluminoso como otros casos complejos, el carácter del proceso hace necesario conceder tiempo adicional a las partes para verificar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
El órgano acusador había solicitado una extensión de 25 días, mientras que las defensas reclamaban entre 45 y 60 días. La jueza decidió finalmente otorgar 20 días hábiles.
Objeciones de la defensa
Tras el anuncio, los abogados de Beras solicitaron la reconsideración del plazo, argumentando que es insuficiente debido a su participación simultánea en la preparación de la defensa del caso Calamar, cuyo calendario de audiencias coincide con los días jueves y viernes.
También objetaron la fecha inicial propuesta para retomar el proceso, debido a su carga de trabajo en el mencionado expediente.
Otras decisiones del tribunal
La jueza Rivas declaró en rebeldía a la empresa Industria Soltex Dominicana S.R.L., vinculada a Gómez Canaán, y ordenó la publicación de sus datos conforme a la ley.
A la salida del tribunal, Gómez Canaán afirmó que se encuentra preparado para enfrentar el proceso y que procederá a estudiar el expediente con su equipo legal.
La Operación Camaleón
El Ministerio Público acusa formalmente a diez personas físicas y siete empresas de integrar una estructura dedicada a corrupción administrativa, estafa, fraude en contrataciones públicas y lavado de activos.
Los imputados principales son:
Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
A ellos se suman las empresas Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Según la acusación, la red desvió fondos públicos mediante contratos irregulares firmados desde el Intrant y el Ministerio de Defensa, y ejecutó operaciones de lavado a través de compañías vinculadas a Jochi Gómez, señalado como figura central del esquema.
En octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz declaró el caso complejo e impuso medidas de coerción a varios de los implicados.
