Santo Domingo.— Tras la carta enviada desde prisión por Yokairy Sosa a la Procuradora General de la República, la cual —según allegados— no recibió respuesta, vuelve a tomar fuerza un caso que ha generado profunda preocupación en distintos sectores de la sociedad.
La denuncia pública expone que una persona habría permanecido dos años en prisión cumpliendo una condena de 12 años, producto de lo que se califica como una investigación defectuosa por parte del Ministerio Público.
El caso adquiere mayor relevancia luego de que se hiciera pública la declaración de Enmanuel Antonio Almarante, señalado como autor confeso del robo y condenado a 15 años de prisión, cuya versión —según los denunciantes— arrojaría elementos que cuestionan la acusación original y la construcción del expediente presentado ante los tribunales.
De acuerdo con los familiares y representantes del afectado, el expediente habría sido sustentado en pruebas insuficientes o inconsistentes, lo que derivó en una condena que hoy es objeto de revisión y debate público.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han manifestado que este caso pone en el centro la necesidad de fortalecer los procesos de investigación, garantizar el debido proceso y asegurar que las actuaciones del sistema de justicia estén basadas en pruebas sólidas y verificables.
“Sean ustedes testigos de a quién fue que el Ministerio Público acusó y le armó un expediente”, expresaron allegados, insistiendo en que la verdad completa debe salir a la luz y que se realicen las revisiones correspondientes.
Se espera que las autoridades competentes ofrezcan una respuesta oficial ante las inquietudes planteadas y que se garantice la transparencia en el proceso.
