Ya es un hecho: la Cámara de Cuentas tiene una nueva directiva elegida por el Senado, la cual estará presidida por Emma Polanco e integrada, además, por Francisco Tamárez Florentino, Griselda Gómez Santana, Ramón Méndez Acosta y Francisco Franco Soto.
Pero, ¿quiénes son esos cinco ciudadanos y sus propuestas, según lo expusieron al ser evaluados por diputados en diciembre pasado? Todos se centraron en devolverle la armonía y el brillo al organismo fiscalizador del Estado, el cual ha estado salpicado de escándalos y serias denuncias. Empecemos con la nueva presidenta…
Emma Polanco es más conocida como la primera mujer en ser la rectora de la UASD. Contadora graduada en esa misma academia, hizo especialidad en contabilidad e impuestos, y otra especialidad en contabilidad de costos. Tiene maestría en economía aplicada y un doctorado, también en economía aplicada, en la Universidad del País Vasco.
Ha laborado en instituciones públicas y privadas. Fue la primera mujer rectora de la UASD. Fue directora de la Escuela de Contabilidad del Intec y coordinadora de la cátedra de costos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD; fue vicedecana y decana, así como vicerrectora Administrativa de la academia estatal.
En su evaluación, propuso una gestión positiva y honorable, así como asegurar el control de calidad. Planteó la instalación de una plataforma fuerte para dar seguimiento a los procesos de fiscalización. Dijo que la Cámara no es solo para sancionar, sino también para prevenir posibles irregularidades, para lo cual se necesitan buenos equipos y un personal debidamente capacitado y motivado. El que más trabaja, apuntó, debe recibir mejores condiciones laborales.
Recordó que pidió dos veces a la Cámara que auditada su gestión al frente de la UASD; que preparó el área de contraloría de la academia, y que elaboró un informe registrando desde el primer hasta el último peso que manejó en su rectoría.
Francisco Tamárez Florentino. Es egresado de la UASD, graduado de Contabilidad; exequátur como contador público autorizado. Se graduó de Derecho en la UTE. Hizo cursos de inglés y otros, en informática y electrónica. Es miembro del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana
Es el encargado de Auditoría de la Contraloría General de la República, donde, en apenas dos años, han arrojado 210 auditorías. De estas, se han publicado unas 40, mientras otras 40 están listas a la espera de la decisión del presidente de la República, mientras que otras están en proceso y avanzadas.
Ha estado al frente de dos firmas de auditores privadas, ejerciendo por más de 30 años; y ha participado en alianzas estratégicas, junto a otros colegas, actuando en materia laboral, societaria y tributaria.
Plantea la revisión de los programas de auditorías, para simplificarlos a fin de agilizar y aumentar el número de auditorías, para eficientizar el manejo de los fondos públicos. Propone trabajar en armonía y tecnificar los softwares necesarios, así como capacitar al personal, para así realizar unas 60 auditorías al año. Prestar mayor atención a las municipalidades.
Griselda Gómez Santana es abogada y mercadóloga; en la misma UASD hizo una maestría en Administración de Programas y Políticas Públicas; otra maestría en Economía por la Complutense de Madrid, y otra más en evaluación de programas y políticas, en esa misma academia española. Posee diplomados y cursos en la Administración financiera del Estado.
Actualmente es directora de Calidad de Gasto y Evaluación de la Gestión Presupuestaria, en la Dirección General de Presupuesto, donde tiene 26 años laborando en distintos cargos. Ha trabajado en presupuesto con enfoque de género y climático.
También es docente a nivel de maestría en la UASD, y también funge como docente en el Instituto de Administración Pública y en el Capgefi. Se ha ocupado no solo del tema presupuestario, sino también en el sistema de planificación, contabilidad y tesorería nacional y crédito público. Es la líder funcional del nuevo sistema de Administración financiera del Estado.
Entre sus propuestas, abogó por recuperar la credibilidad de la Cámara, transformar esta institución en su estructura organizacional y de la visión de la sociedad civil al respecto. Habló de transformar las auditorías estableciendo interoperabilidad entre el sistema de administración financiera del Estado y el sistema de control externo.
Para ella, es necesario involucrar a la sociedad civil como veedor de la institución, para lograr un control más completo para mejorar la calidad del gasto público. Hacer un control efectivo y objetivo, para no afectar la capacidad de gestión de los funcionarios públicos; el control es un control de legalidad, y no para crear temor.
Ramón Méndez Acosta, con tres maestrías: una en educación superior, otra en derecho público y constitucional, y una tercera en planeamiento urbano y gestión municipal. Posee especialidades, en administración financiera, coaching de grupo, cursos en auditorías y múltiples estudios más.
Ha sido muchas cosas: superintendente de Seguros, donde creó el primer procedimiento para liquidar empresas, en beneficio de los asegurados; fiscalizador interno en Aeronáutica Civil, donde manejó la crisis de los controladores; contralor del Palacio Nacional. Tiene más de 30 años como auditor interno en la Cámara de Diputados.
Al ser evaluado, favoreció una Cámara de Cuentas “con sentido de gobernanza”, que se maneje con transparencia y eficiencia. Reconoce que el organismo está sumido en una crisis de imagen, pero entiende que esa institución debe responder a los tiempos modernos, en base a los principios administrativos, de legalidad, objetividad y control social, tal y como está escrito en la Ley 18-24.
Esa normativa establece una jerarquía interna y también sanciones.
Francisco Franco Soto, abogado, autor del libro “Constitución de la República Dominicana interpretada por el Tribunal Constitucional: una década de la jurisprudencia constitucional, 2012-2022”. Por cierto, fue letrado del TC (2014-2021).
Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Logró un master en Derecho constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha, donde también hizo un master en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional. Posee otro master de Derecho de la Administración del Estado en la Universidad de Salamanca y del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Además, grado de magister en Derecho y Procedimiento Civil.
Así también, completó estudios de posgrado en Gerencia Política para Proyectos de Cambio en la Universidad George Washington (Estados Unidos), y ha participado en congresos. Ha realizado cursos y diplomados en derecho administrativo y constitucional.
Franco Soto fue paralegal y abogado junior en la firma Jottin Cury Abogados (2004-2007). En 2009 ingresó al Ministerio Público, donde fue nombrado coordinador jurídico de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Con gran experiencia en el ejercicio privado, se ha inclinado en los últimos años por el estudio y práctica del derecho público, sobre todo en materia de derecho administrativo. De hecho, ha escrito obras y artículos y ha sido conferenciante en eventos sobre derecho público.
Es docente de la UNPHU en materia de derecho administrativo, derecho procesal administrativo y tributario, y práctica jurídica. En estos momentos tiene su propio bufete de abogados, que se especializa en asuntos administrativos, constitucionales y corporativos.
