Santo Domingo.– Un tribunal colegiado de la provincia La Altagracia condenó a 10 años de prisión a una ciudadana argentina y a un dominicano tras comprobarse su responsabilidad penal en un caso de tráfico de drogas que involucró el intento de sacar del país más de cuatro kilogramos de cocaína por el aeropuerto de Punta Cana.
La sentencia fue dictada contra Florencia Milagros Otaduy, de 31 años, y Manuel Alejandro D´Oleo Cuello, quienes además deberán pagar una multa de 250 mil pesos y enfrentar el decomiso de varios objetos ocupados durante el proceso.
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público de la República Dominicana, Otaduy fue arrestada en flagrante delito el 31 de julio de 2023 en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), cuando intentaba sacar del país ocho paquetes de cocaína con un peso total de 4.33 kilogramos.
El decomiso fue confirmado mediante el certificado de análisis químico forense emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Las investigaciones establecen que la droga estaba oculta dentro de una maleta en una funda plástica que contenía ocho cajas de chocolates, cada una con un paquete de la sustancia narcótica.
En tanto, D´Oleo Cuello, quien trabajaba en el aeropuerto como operador de jardinería, fue arrestado el 1 de agosto de 2023, alrededor de las 4:46 de la tarde, mediante una orden judicial ejecutada en el mismo aeropuerto.
Según el expediente, el imputado entregó la funda con la cocaína a Otaduy dentro de la terminal aeroportuaria, después de que esta había pasado los controles de seguridad y momentos antes de que se produjera su arresto.
Las autoridades indicaron que el ahora condenado fue captado por cámaras de seguridad cuando ingresó desde el área del parqueo con la funda y posteriormente cuando ambos salieron juntos de un ascensor y se dirigieron al punto donde se realizó la entrega.
Durante la detención de la ciudadana argentina también fueron ocupadas prendas de vestir, artículos de higiene personal, un pasaporte argentino y un permiso de residencia a su nombre.
El caso fue calificado jurídicamente como violación a varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
La investigación y litigación estuvieron a cargo de los procuradores fiscales Ángel Abel Castillo Núñez y Roberto Santos Pacheco, quienes presentaron las pruebas que permitieron demostrar la culpabilidad de los acusados.
La sentencia fue dictada por los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte, del Tribunal Colegiado de La Altagracia.
El tribunal ordenó que los condenados cumplan la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en el municipio de Higüey, mientras que la mujer permanecerá en el centro de retención femenino de esa localidad.
