Por jacobo colon
En nuestra sociedad, la etiqueta de «delincuente» se ha convertido en una sentencia de muerte sin juicio, sin pruebas, sin derecho a defensa.
La Policía Nacional, una institución que debería proteger la vida y garantizar la justicia, se ha transformado en Ministerio Publico, Juez y verdugo.
Casos como el de un joven de 17 años de Los Tres Brazos, acribillado con ocho tiros en el pecho por llevar una camisa roja que lo «confundió» con un supuesto criminal, son heridas abiertas en el alma de nuestra nación.
Aunque el asesinato del adolescente de 17 años hace tiempo que sucedió, su recuerdo permanece en mi memoria y me obliga a estar en contra de la licencia para matar que Luis Abinader les ha otorgado a la Policía Nacional.
Este muchacho, universitario, lleno de sueños, fue reducido a un error policial; «No era él». Pero su vida ya no estaba.
¿Quién responde por esto? Nadie.
La práctica de los mal llamados «intercambios de disparos» es una aberración que encubre asesinatos a sangre fría.
Vemos los «intercambios de disparos» como hechos aislados que se repiten a cada momento, invito a los lectores que entren a google.com y coloquen «intercambios de disparos» ahí se sorprenderán de la cantidad de muertos que tiene la institución policial en los últimos meses, un cementerio de presuntos culpables e inocentes.
Estas ejecuciones extrajudiciales, disfrazadas de operativos legítimos, son una violación flagrante de la Constitución, que consagra la inviolabilidad de la vida, prohíbe la tortura y descarta la pena de muerte.
Los convenios internacionales que nuestro país ha firmado también condenan estas prácticas, pero aquí, en la tierra del «quítalo del medio», la ley parece ser solo un adorno.
Lo más doloroso es la indiferencia colectiva.
Nuestra sociedad, anestesiada por el discurso de «mano dura», aplaude o calla ante esta carnicería humana.
La Ministra de Interior y Policía, el Ministerio Público y hasta el presidente, con su silencio, se convierten en cómplices de esta barbarie.
¿Dónde está esta el defensor del pueblo?
Parece que ante tantas muertes, el Dr. Pablo Ulloa esta de vacaciones.
¿Dónde está la justicia para los jóvenes asesinados, sean delincuentes, víctimas de un error o simplemente confundidos?
Nadie tiene derecho a quitar una vida, ni siquiera la policía, cuya misión es proteger, no exterminar.
Si Luis Abinader piensa y cree que la pena de muerte es la solución al problema delincuencial, que lo diga abiertamente y con su mayoría congresual, someta un proyecto de ley para legalizarla.
Al menos sería honesto.
Pero no, prefieren la hipocresía de los «intercambios de disparos», una estrategia cobarde que evade la responsabilidad y perpetúa la impunidad.
Cada joven asesinado es un fracaso colectivo.
No podemos seguir siendo una sociedad que normaliza la muerte premeditada, que entrega un cheque en blanco a una policía llena de contrariedades para decidir quién vive y quién muere.
Exijamos justicia, transparencia y respeto por la vida.
Porque mientras sigamos callando, la sangre de los inocentes seguirá manchando nuestras manos.
«Ser joven de un barrio pobre de República Dominicana, puede ser suficiente para ser condenado a muerte por la policía de este país. Un agente policial que ha participado de crímenes de esta naturaleza cuenta cómo una noche, los miembros de su patrulla detuvieron a un hombre al que conocían por estar vinculado a la venta de drogas, y cómo decidieron matarlo luego de percatarse que el individuo no traía consigo ni droga ni dinero» Parrafo tomado
