Santo Domingo. – El expediente de la PEPCA contra Máximo Montilla Sierra revela con detalle el alcance del acuerdo que detuvo la persecución penal en su contra, a cambio de compromisos económicos, legales y de colaboración con la justicia.
Además del decomiso millonario y las indemnizaciones, el documento establece la entrega de un terreno de 200.18 metros cuadrados en el Ensanche Naco, valorado en RD$50.9 millones, como parte del pago al Estado. El Ministerio Público aclaró que, si en un plazo de 18 meses no puede realizarse la transferencia definitiva por trabas legales, Montilla deberá cubrir la totalidad del valor en efectivo.
El acuerdo también obliga a la disolución programada de todas las empresas vinculadas al imputado, bajo un proceso de liquidación que debe incluir el pago de pasivos y deudas pendientes. Este punto, según la PEPCA, busca impedir que las sociedades utilizadas en el esquema vuelvan a operar en futuras contrataciones públicas.
Asimismo, los querellantes y actores civiles desistieron de continuar las acciones judiciales contra Montilla y sus compañías, tras asegurar la reparación económica. A cambio, el Ministerio Público se comprometió a levantar cualquier oposición o gravamen que afecte los bienes ofrecidos en el acuerdo.
El expediente explica cómo el esquema operó durante casi una década con prácticas fraudulentas: sobrevaluación de equipos, creación de monopolios, manipulación de plazos y adjudicaciones sin transparencia. Estas maniobras se vieron reforzadas por la cercanía política de Montilla con el poder ejecutivo, lo que le permitió acceder a procesos de contratación pública con ventaja indebida.
Con este caso, la PEPCA busca marcar un precedente en la lucha contra la corrupción administrativa: los responsables no solo deben reconocer los hechos, sino también resarcir al Estado y colaborar para que otros involucrados enfrenten la justicia.
