En estos momentos, llegan a la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional las imputadas Ada Ledesma, Cinty Acosta y Heidy Mariela Medina, vinculadas al caso del presunto desfalco de más de 15 mil millones de pesos en perjuicio de la Administradora de Riesgos de Salud SeNaSa.
Este martes 20 de enero, el tribunal conocerá el recurso interpuesto por Santiago Hazim y otros seis imputados, quienes apelaron la medida de coerción que los mantiene en prisión preventiva desde el pasado 14 de diciembre.
Además de Hazim, figuran como recurrentes Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma. Todos solicitan la variación de la prisión preventiva por 18 meses, impuesta por el juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena.
La denuncia de este caso fue revelada originalmente en el programa “N Investiga”, conducido por Nuria Piera, lo que dio inicio a las investigaciones, apresamientos y posteriores procesos judiciales.
Los imputados buscan que la medida sea sustituida por arresto domiciliario, tal como ocurrió con los también acusados Eduardo Read Estrella, Heidi Pineda y Cinty Acosta Sención, quienes obtuvieron ese beneficio tras colaborar con el Ministerio Público.
El pasado 14 de diciembre, el juez Rigoberto Sena impuso medidas de coerción a los diez arrestados en la denominada “Operación Cobra”, mediante la cual el Ministerio Público acusa a los imputados de presuntos actos de corrupción administrativa que afectaron a los afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El magistrado impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa y señalado como cabecilla del entramado, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.
En tanto, para Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, el tribunal dispuso arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
El Ministerio Público estuvo representado por Wilson Camacho y la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a los fiscales Rosa Alba García, Enmanuel Ramírez, Yudelka Holguín, Alexis Piña, Ernesto Guzmán y Aurelio Valdez.
Inicialmente, los imputados fueron enviados a Najayo Hombres y Najayo Mujeres, respectivamente, pero posteriormente fueron trasladados al centro penitenciario Las Parras.
El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, solicitó la variación, alegando que el área de máxima seguridad de Najayo Hombres se encontraba congestionada, por lo que, por razones de espacio, se decidió el traslado.
El Ministerio Público dispone de un plazo de ocho meses para concluir la investigación del caso.
