El Ministerio Público presentó acusación penal en contra de miembros de una familia de la provincia La Altagracia que se dedicaban al secuestro, a extorsionar, sobornar y al lavado de activos.
Se trata de Ambiorix Vásquez Severino, Etefany Esmerlin Ramírez Pérez, Manuel Acosta (Angonga), Jhan Carlos Rivera Martínez, Tairi Vásquez Severino y Ruth Delanea Severino Santana, quienes formaron una red criminal para fines de secuestro, tortura y extorsión de sus víctimas.
Los imputados, secuestraron a la victima de 47 años, llevándoselo supuestamente “arrestado”, mientras simulaban ser agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en la comunidad La Otra Banda, de Higüey, provincia La Altagracia. Los malhechores retuvieron al agredido bajo tortura por cuatro días en un lugar escondido, y solicitando a sus familiares 20 millones de pesos a cambio de su rescate.
La red fue enfrentada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, con el apoyo técnico de las Unidad Antisecuestro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
De acuerdo con la investigación realizada, los imputados, adquirieron vehículos de alta gama, prendas de alto valor económico y altas sumas de dinero, con los que la imputada Ruth Delanea Severino Santana, madre de los cabecillas de la red, intentó sobornar a miembros de la Policía Nacional.
Severino Santana fue arrestada en flagrante delito por miembros de la Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional, durante la entrega de RD$400,000, en estación de combustible de San Pedro de Macorís, con el propósito de no dejar rastros del sometimiento de su familia.
La acusación penal cumple cabalmente con los requisitos para obtener una sentencia condenatoria en este caso, explicaron la procuradora de corte Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, y Claudia Garrido, fiscal de La Altagracia.
Indicaron que la acusación se basa en pruebas creíbles, obtenidas conforme a la normativa procesal penal dominicana, fundamentadas en cadena de custodia, registros documentales, testimonios corroborados y peritajes que acreditan la autoría y la participación de los imputados.
De su lado, los fiscales de investigación, Claudio Cordero y Surielly Guerrero resaltaron las pruebas, la concordancia de los testimonios y la existencia de indicios suficientes sobre la participación conjunta de los implicados.
El Ministerio Público está a la espera de la fijación de la audiencia preliminar por parte del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
